lunes, 21 de enero de 2013

DEPENDENCIA Y FALLECIDOS

Esta semana se ha hecho público un Informe del Tribunal de Cuentas donde revela que 30.000 dependientes en toda España eran personas fallecidas y que constaban como beneficiarios de las ayudas a la dependencia. En Castilla y León 4.105 personas dependientes ,13,68% del total . Seguro que  os  preguntáis  ¿Que es esto? ¿quien es el culpable de esta pésima gestión?. en unas líneas os trato de aclarar el tema . La Ley 39/2006(ley de dependencia)Artículo 11 establece las obligaciones de las ccaa donde se incluiría este aspecto ,por lo  la Junta de Castilla y León en nuestro caso sería la responsable de este desaguisado .  Es un poco complicado pero tratare de detallarlo para que entendáis como funciona el sistema.  Empezamos , variará si el dependiente recibe un servicio ,es decir si acude a un centro ,tiene SAD o ha contratado un servicio privado a través de la prestación vinculada al servicio o tiene una prestación económica (cuidados en el entorno familiar o asistente personal ) .Si es un servicio y estuvieran cobrando después de fallecidos ,la responsabilidad sería en exclusiva de Junta de Castilla y León (Gerencia de servicios sociales en caso de vivir en la ccaa de Castilla y León), los dependientes están ubicados en centros públicos (propios de la Gerencia ,entidades locales o concertados) mejor que la adminsitración para conocer la situación de sus propios  usuarios, otra cosa son los dependientes ubicados  en centros o que reciben servicios privados, estos para poder percibir la asignación económica  han de pasar la correspondiente factura a la administración , quizá aquí puedan estar algunos de los defraudadores ya que los responsables de los centros o servicios pueden seguir pasando las facturas eternamente sin comunicar el fallecimiento pertinente. En cuanto a prestaciones(cuidados en el entorno familiar y asistente personal)  parece   que sea otro de los  puntos donde puede darse con más frecuencia este  tipo de comportamiento , aunque no debería , ya que los servicios sociales básicos(CEAS)  tienen encomendados entre otras funciones los seguimientos oportunos  que implican visitas periódicas y que en caso de fraude delatarían a los infractores. La realidad en este ámbito es bien distinta, los profesionales del Servicios sociales de 1º nivel (CEAS) no llegan a todos los dependientes ,en parte debido a los efectos de la crisis donde  volumen de trabajo se ha incrementado en exceso y la administración no ha contratado más profesionales l 
Conclusión, responsable del posible fraude "la administración autonómica" ya que es la que debe comprobar la veracidad de la información(fiscalizar) que le aportan las entidades privadas  y  dotar de medios, profesionales a los servicios sociales de 1º nivel para que puedan realizar  los seguimientos oportunos. Tampoco estaría mal que la Junta de Castilla y León podría llegar a algún acuerdo con funerarias ,juzgados o registros y compartir la información, evitando situaciones como las descritas en el informe del consejo de cuentas . 

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